Ver el código de «Medidas para garantizar la seguridad de armas o explosivos»

<strong>Id Cendoj:</strong> 28079130042009100214<br /><strong>&Oacute;rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso<br />Sede:</strong> Madrid<br /><strong>Secci&oacute;n:</strong> 4<br /><strong>N&ordm; de Recurso: </strong>179/2007<br /><strong>Procedimiento:</strong> CONTENCIOSO<br /><strong>Ponente:</strong> ANTONIO MARTI GARCIA<br /><strong>Tipo de Resoluci&oacute;n:</strong> Sentencia<br /><strong>Voces:</strong><br /><blockquote>&bull; x ACUERDO DE INICIACI&Oacute;N (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x<br />&bull; x PRESCRIPCI&Oacute;N DE LAS INFRACCIONES x<br />&bull; x PROPUESTA DE RESOLUCI&Oacute;N (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x<br />&bull; x ALEGACIONES (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x<br />&bull; x INDEFENSI&Oacute;N MATERIAL x<br />&bull; x IDENTIDAD ENTRE PROCESOS (CASACI&Oacute;N PARA LA UNIFICACI&Oacute;N DE DOCTRINA) x<br /></blockquote><strong>Resumen:</strong><br />Sanci&oacute;n por la omisi&oacute;n de medidas para garantizar la seguridad de armas o explosivos.<br />Indefensi&oacute;n resultante de la falta de propuesta de resoluci&oacute;n.

<h1>SENTENCIA</h1><p> En la Villa de Madrid, a dos de junio de dos mil nueve. </p><p>Visto por la Secci&oacute;n Cuarta de la Sala Tercera, compuesta por los Excmos. Sres. Magistrados citados del margen, el recurso de casaci&oacute;n para unificaci&oacute;n de doctrina n&ordm; 179/2007, interpuesto por la entidad Caolines de la Espina S. L., que act&uacute;a representada por el Procurador D. Nicol&aacute;s Lavares Real contra la<br /> sentencia de 28 de febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, reca&iacute;da en el recurso contencioso administrativo 806/2005, en el que se impugnaba la resoluci&oacute;n de 4 de&nbsp; julio de 2005 del Secretario de Estado de Seguridad que impone sanci&oacute;n de 150.000 euros al titular de Mina Nueva Perdiz y la incautaci&oacute;n de los explosivos intervenidos 123 cartuchos de Goma 2 EC con una peso total de 18,696 Kgs</p><p> Siendo parte recurrida la Administraci&oacute;n del Estado, que act&uacute;a representada por el Abogado del<br /> Estado.</p><h2>ANTECEDENTES DE HECHO</h2><p><strong>PRIMERO .-</strong> La sentencia recurrida de 28 de febrero de 2007 , declara en su fallo: &quot;DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo 806/05, promovido por CAOLINES DE LA ESPINA, S.L., contra la<br /> resoluci&oacute;n del Secretario de Estado de Seguridad de 4 de julio de 2005 por la que se impone a la<br /> empresa Caolines de la Espina, S.L en calidad de titular de la &quot;Mina Nueva Perdiz &quot;la sanci&oacute;n<br /> consistente en multa de 150.000 euros e incautaci&oacute;n de los explosivos intervenidos y en consecuencia se declara conforme a derecho. Sin hacer expresa imposici&oacute;n de las costas causadas.&quot;</p><p><strong>SEGUNDO .-</strong> La parte recurrente por escrito de 1 de mayo de 2007, interpone recurso de casaci&oacute;n<br /> para unificaci&oacute;n de doctrina.&nbsp;</p><p> En el citado escrito se&ntilde;ala como sentencia de contraste la de 22 de junio de 2000, de la Sala de lo<br /> Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco , que sanciona al titular de un<br /> arma que la hab&iacute;a perdido con una sanci&oacute;n prevista en el art&iacute;culo 23.b) de Ley Org&aacute;nica 1/92 , valorando esa sanci&oacute;n como instant&aacute;nea a los efectos de la concurrencia o no de la prescripci&oacute;n. Y alega que la sentencia recurrida sanciona un supuesto similar pero otorga a la sanci&oacute;n el car&aacute;cter de continua a los efectos de valorar la concurrencia o no de la prescripci&oacute;n.</p><p>Y tras hacer las alegaciones que estima pertinentes estima que la doctrina correcta es la de la Sala<br /> del Contencioso Administrativo del Pa&iacute;s Vasco, y en ello concluye que en el caso de autos se hab&iacute;a<br /> producido la prescripci&oacute;n alegada en la Instancia.</p><p> Por otro lado se&ntilde;ala como sentencias de contraste las de 21 de abril de 1997 del Tribunal Supremo y<br /> la de 31 de marzo de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , adem&aacute;s de otras varias de distintos Tribunales Superiores de Justicia, en relaci&oacute;n con la tesis<br /> mantenida en la Instancia sobre que se hab&iacute;a concurrido quebrantamiento de las normas esenciales del<br /> procedimiento e indefensi&oacute;n por la inexistencia en el expediente de propuesta de resoluci&oacute;n y su notificaci&oacute;n con nuevo tramite de audiencia y defensa.</p><p>Alegando que mientras las citadas sentencias en supuestos similares aprecian la concurrencia del quebrantamiento de los normas esenciales del procedimiento la sentencia recurrida no apreci&oacute; la<br /> concurrencia de infracci&oacute;n alguna y alegando tambi&eacute;n por las razones que estima pertinentes que la<br /> doctrina correcta es la de las sentencias citadas como de contraste.</p><p><strong>TERCERO .-</strong> EL Abogado del Estado en el tramite al efecto conferido se opone al recurso de<br /> casaci&oacute;n para unificaci&oacute;n de doctrina, alegando entre otros: Para la Sala sentenciadora y para la Sentencia recurrida es una infracci&oacute;n continuada porque no es una conducta de momento determinado sino que consiste en la omisi&oacute;n o eliminaci&oacute;n de determinados comportamientos que se prolongan en el tiempo y se&nbsp; trata de una infracci&oacute;n de car&aacute;cter continuado o de negligencia continuada que se ultima o deja de producirse en el momento en que desaparece la situaci&oacute;n irregular pero eso no sucedi&oacute; otro d&iacute;a que el d&iacute;a&nbsp; de la Inspecci&oacute;n cuando se hallo el material explosivo en estado de abandono o perdida.</p><p>Teniendo en cuenta que el recurrente pretende se inmovilice la actuaci&oacute;n il&iacute;cita en la fecha de<br /> deposito y en consecuencia se computen desde ah&iacute; los plazos de prescripci&oacute;n por el contrario muy<br /> prudentemente la Sala entiende que nos encontramos ante conducta incriminable o il&iacute;cita hasta que se<br /> realiza el descubrimiento de la misma con lo cual no ha podido transcurrir el plazo de prescripci&oacute;n.</p><p>En cuanto a la vulneraci&oacute;n de las normas esenciales de procedimiento en relaci&oacute;n a la audiencia y<br /> alegaci&oacute;n de los motivos antes mencionados y que b&aacute;sicamente consist&iacute;an en la elevaci&oacute;n de la iniciaci&oacute;n del expediente como propuesta de resoluci&oacute;n sin elaborar una nueva propuesta, la Sentencia recurrida deja muy claro que no se ha producido indefensi&oacute;n alguna porque, y en esto es prudente, concisa y muy explicativa la Sentencia recurrida en el folio 10 de la demanda la recurrente dice que las alegaciones que presento al darle traslado de la incoaci&oacute;n del expediente fueron &quot;tenidas en cuenta por la resoluci&oacute;n recurrida y los informes previos de los servicios jur&iacute;dicos de la Direcci&oacute;n General de la Guardia Civil&quot;.</p><p> Por lo anterior no se ha podido producir indefensi&oacute;n porque la parte ha conocido absolutamente<br /> aquello que se le atribu&iacute;a, ha podido reaccionar contra ello y la situaci&oacute;n si se hubiera dado de la forma que&nbsp; pretende no habr&iacute;a cambiado en absoluto y habr&iacute;a sido exactamente la misma en la resoluci&oacute;n recurrida dictada y as&iacute; mismo para el &oacute;rgano Jurisdiccional que conoci&oacute; del fondo del asunto.</p><p>Por lo tanto frente al planteamiento de una indefensi&oacute;n formal se produce la situaci&oacute;n de<br /> materializaci&oacute;n de protecci&oacute;n jur&iacute;dica absoluta de los derechos e intereses materiales y procesales de la<br /> recurrente por lo que no habr&iacute;a lugar entiende esta Abogac&iacute;a del Estado a admitir las alegaciones de la<br /> recurrente siendo absolutamente prudente y fundada en hechos y derecho la Sentencia recurrida.</p><p><strong>CUARTO .-</strong> Por providencia de 24 de marzo de 2009, se se&ntilde;al&oacute; para votaci&oacute;n y fallo el d&iacute;a veintis&eacute;is<br /> de mayo del a&ntilde;o dos mil nueve, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.<br /> Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala</p><h2>FUNDAMENTOS DE DERECHO</h2><p><strong>PRIMERO .-</strong> La sentencias que es objeto del presente recurso de casaci&oacute;n para unificaci&oacute;n de<br /> doctrina, desestim&oacute; el recurso contencioso administrativo, refiriendo en sus Fundamentos de Derecho entre otros, los siguientes:</p><blockquote><p><strong>&quot;SEGUNDO: </strong>Considera el recurrente que la infracci&oacute;n est&aacute; prescrita ya que cuando en noviembre de 2004 se procedi&oacute; por los agentes de la Guardia Civil a realizar la inspecci&oacute;n de la explotaci&oacute;n que tuvo como resultado el hallazgo de tales sustancias, as&iacute; como el levantamiento del acta como m&iacute;nimo hab&iacute;an transcurrido m&aacute;s de cinco a&ntilde;os desde la fecha en que fueron depositadas. Se&ntilde;ala el recurrente queestamos ante infracci&oacute;n administrativa no &quot;permanente o continua&quot; sino ante una infracci&oacute;n de &quot;efectos permanentes&quot; tambi&eacute;n llamadas infracciones de estado es decir son infracciones instant&aacute;neas en las que la conducta constitutiva del il&iacute;cito se agota en ese momento de la consumaci&oacute;n sin prolongarse en el tiempo&nbsp; pero no as&iacute; sus efectos lesivos que perduran con independencia de la voluntad de su autor. Se comparte ese criterio entendiendo que la infracci&oacute;n por la que ha sido sancionado prevista en el art&iacute;culo 23 b) de la Ley 1/92 y 294 d) ) del Reglamento de Explosivos consistente en &quot;la omisi&oacute;n o insuficiencia en la adopci&oacute;n o en la eficacia de las medidas de seguridad o precauciones obligatorias para la custodia de explosivos&quot; es una infracci&oacute;n continuada ya que no se trata de una conducta que se realiza en un momento determinado sino de una ausencia de adopci&oacute;n de una determinada conducta que se prolonga en el tiempo, trat&aacute;ndose tal como se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n recurrida de una infracci&oacute;n de car&aacute;cter continuado, que deja de producirse en el momento mismo que desaparece la situaci&oacute;n irregular que no fue otro que el mismo d&iacute;a de la inspecci&oacute;n, cuando se hall&oacute; el material explosivo en estado de abandono o p&eacute;rdida y as&iacute; lo entiende el Asesor Jur&iacute;dico de la Guardia Civil.</p></blockquote><blockquote><p><strong>CUARTO: </strong>Alega el recurrente la nulidad absoluta y de pleno derecho de la resoluci&oacute;n recurrida por quebrantamiento de normas esenciales del procedimiento sobre derechos de audiencia y alegaci&oacute;n, causante de indefensi&oacute;n ya que los acuerdos del Instructor dando por conclusa la instrucci&oacute;n sin ulteriores actuaciones ni audiencia a la parte encartada y elevando la iniciaci&oacute;n como propuesta de resoluci&oacute;n sin elaborar una nueva propuesta por entender que esta parte no present&oacute; en tiempo y forma alegaciones a la incoaci&oacute;n, implican acuerdos y decisiones del instructor il&iacute;citas, en vulneraci&oacute;n de los derechos de defensa y&nbsp; audiencia que han acarreado grave indefensi&oacute;n. No se ha causado indefensi&oacute;n por cuanto como reconoce la propia demandada en el folio 10 del escrito de demanda las alegaciones que present&oacute; al darle traslado de la incoaci&oacute;n del expediente &quot;fueron tenidas en cuenta por la resoluci&oacute;n recurrida y los informes previos de los servicios jur&iacute;dicos de la Direcci&oacute;n General de la Guardia Civil&quot;.&quot;</p></blockquote><p><br /> <strong>SEGUNDO .-</strong> Es obligado recordar que conforme al articulo 99 de la Ley de la Jurisdicci&oacute;n el recurso<br /> de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina s&oacute;lo procede cuando en m&eacute;rito a hechos, fundamentos y<br /> pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos distintos y por tanto es<br /> obligado con car&aacute;cter previo a todo an&aacute;lisis el determinar si en el supuesto de autos concurren o no las<br /> citadas circunstancias de identidad entre el supuesto de autos y los que el recurrente aduce en defensa de&nbsp; su derecho.<br /> De una parte, alega el recurrente que concurren las identidades exigidas entre la sentencia de autos y<br /> la de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del Pa&iacute;s Vasco de 22 de junio de 2000 , a los efectos de determinar si concurr&iacute;a o no la prescripci&oacute;n de la infracci&oacute;n que es objeto de la presente litis.<br /> Y no procede aceptar la tesis del recurrente sobre la identidad de tales situaciones, pues en la<br /> sentencia de contraste se valoraba el hecho del extrav&iacute;o de una escopeta por parte de su titular y la<br /> Administraci&oacute;n hab&iacute;a tenido conocimiento de los errores o inexactitudes sobre la titularidad de la escopeta o del arma en 1988, cual refiere la sentencia y por todo ello fija como fecha inicial del c&oacute;mputo a los efectos de la prescripci&oacute;n esa fecha de 1988, y en el caso de autos, se trata del hallazgo en 2004 de 123 cartuchos de Goma 2 EC, en una mina abandonada y fuera de actividad, y la sentencia recurrida fija como fecha inicial del c&oacute;mputo a los efectos de la prescripci&oacute;n el a&ntilde;o 2004. Y prescindiendo de que las sentencias puedan o no tener una tesis distinta sobre el particular es lo cierto que est&aacute;n valorando supuestos de hecho distintos, no solo por la diversidad, escopeta y explosivos, que no ser&iacute;a lo trascendente sino porque en un caso la Administraci&oacute;n intervino o tuvo conocimiento en 1988, a virtud de actuaciones en relaci&oacute;n con la propiedad del arma o escopeta y en el caso de autos la primera intervenci&oacute;n de la Administraci&oacute;n lo es en 2004, al margen tambi&eacute;n de que en el primer caso la escopeta no se encontr&oacute; y en el caso de autos los explosivos se encontraron en 2004 y estaban en lugar inadecuado, sin control y con peligro de su utilizaci&oacute;n.</p><p>Y a virtud de esas notables diferencias f&aacute;cticas es claro que no procede realizar an&aacute;lisis alguno, ya<br /> que lo veda el art&iacute;culo 99 citado, que exige identidad de hechos y fundamentos y en el caso de autos como se ha visto no concurren esas identidades exigidas, sin olvidar que desde el a&ntilde;o 1988 hasta la fecha en que se inici&oacute; el expediente por la perdida de la escopeta, hab&iacute;a transcurrido el plazo de prescripci&oacute;n de la&nbsp; infracci&oacute;n y que desde el a&ntilde;o 2004 hasta la fecha en que se inicia el expediente en el caso de autos no hab&iacute;a transcurrido el plazo que para las prescripciones de la infracci&oacute;n establece la Ley Org&aacute;nica 1/92 .</p><p><strong>TERCERO .-</strong> De otra parte tampoco procede aceptar la tesis del recurrente sobre la concurrencia de<br /> las identidades exigidas, por el articulo 99 mas atr&aacute;s citado, entre las sentencias que cita como de contraste y la de autos en el particular relativo al quebrantamiento de las normas esenciales del procedimiento e indefensi&oacute;n.</p><p> Pues al margen de la coincidencia con alguna de las sentencias que el recurrente cita como de contraste de la realidad sobre que no hubo propuesta de resoluci&oacute;n como acontece en el supuesto de autos, es lo cierto que ni en los hechos ni los fundamentos existe la identidad exigida, y sobre todo que en el<br /> caso de autos, al margen de ciertas irregularidades que valora la sentencia recurrida es lo cierto que no<br /> hubo indefensi&oacute;n alguna como reitera la sentencia recurrida en base a los propias alegaciones de la parte recurrente formuladas en su escrito de demanda, folio 10. Y hay que reiterar que la doctrina reiterada de esta Sala del Tribunal Supremo, cual refiere el Abogado del Estado lo que valora y a lo que otorga trascendencia no es la indefensi&oacute;n real o material y no la mera indefensi&oacute;n formal sin trascendencia a los efectos de la defensa del recurrente.</p><p> En efecto en el caso de autos no hubo propuesta de resoluci&oacute;n como la propia sentencia valora, pero esa falta de propuesta de resoluci&oacute;n no alter&oacute; las defensas del recurrente, cuando la resoluci&oacute;n que pone fin al expediente solo valora los hechos apreciados en el escrito de iniciaci&oacute;n del expediente y las alegaciones&nbsp; de la parte recurrente sobre el acto de inicio del expediente, como la sentencia expresamente valora con&nbsp; apoyo de las alegaciones del propio recurrente y ese no es el supuesto de las sentencias que el recurrente&nbsp; cita como de contraste.</p><p>Sin olvidar que es el propio recurrente el que en su escrito de demanda, folio 10, reconoce que las pruebas documentales incorporadas posteriores a la notificaci&oacute;n de la incoaci&oacute;n son irrelevantes dice<br /> expresamente &quot;sin perjuicio de su irrelevancia in causa desde un punto de vista probatorio&quot; y tambi&eacute;n que su alegaciones frente al acuerdo de incoaci&oacute;n del expediente fueron tenidas en cuenta por la resoluci&oacute;n recurrida aunque desgraciadamente de forma il&iacute;cita no fueran tenidas como valida y eficazmente presentadas. Pues lo que aconteci&oacute; es que el instructor al no tener por presentadas las alegaciones del recurrente aplic&oacute; el articulo 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora Real Decreto 1398/93 y dio al escrito de iniciaci&oacute;n el car&aacute;cter de propuesta de resoluci&oacute;n, pero esa decisi&oacute;n no conforme con la realidad no alter&oacute; los medios de defensa del recurrente, cuando &eacute;ste conoci&oacute; y combati&oacute; por medio de las alegaciones que estim&oacute; oportunas, hasta quince folios, el citado acuerdo de iniciaci&oacute;n del expediente y cuando en este acuerdo de iniciaci&oacute;n estaban todos los datos y circunstancias que valor&oacute; despu&eacute;s la resoluci&oacute;n recurrida y cuando &eacute;sta adem&aacute;s tuvo en cuenta las alegaciones del propio recurrente. </p><p>Por lo tanto el defecto advertido por la propia sentencia recurrida no caus&oacute; indefensi&oacute;n alguna como<br /> la sentencia tambi&eacute;n expresamente valora, y por todo ello, no cabe apreciar las identidades exigidas con las sentencias de contraste pues unas se refieren a otros hechos y las que valoran la falta de propuesta es por existencia de elementos de hechos y datos que o causaron indefensi&oacute;n o impidieron al afectado ejercer adecuadamente su derecho de defensa y en caso de autos como se ha visto y razona la sentencia recurrida el defecto consistente en no hacer propuesta de resoluci&oacute;n no alter&oacute; ni los t&eacute;rminos de la litis ni impidi&oacute; la defensa por parte del recurrente que la hizo en el tramite de notificaci&oacute;n del acuerdo de iniciaci&oacute;n del expediente, que fue en realidad la verdadera y &uacute;nica propuesta de resoluci&oacute;n y fue valorada por resoluci&oacute;n impugnada.</p><p><strong>CUARTO .- </strong>Las valoraciones anteriores obligan conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicci&oacute;n a declarar no haber lugar al recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina con expresa<br /> condena en costas a la parte recurrente y al amparo del art&iacute;culo 139 de la Ley de la Jurisdicci&oacute;n se se&ntilde;ala como cantidad m&aacute;xima a reclamar por el Abogado del Estado la de 2.400 euros y ello en atenci&oacute;n a que las costas se imponen por imperativo legal y a la actividad de la parte dada la especial naturaleza de este recurso de casaci&oacute;n para unificaci&oacute;n de doctrina.</p><h2>FALLAMOS </h2><p>Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina, interpuesto por la entidad Caolines de la Espina S. L., que act&uacute;a representada por el Procurador D. Nicol&aacute;s Lavares Real contra la sentencia de 28 de febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , reca&iacute;da en el recurso contencioso administrativo 806/2005. Con expresa condena en costas a la parte recurrente se&ntilde;al&aacute;ndose como cantidad m&aacute;xima a reclamar por el Abogado del Estado la de 2.400 euros.</p><p> As&iacute; por esta nuestra sentencia, que se insertar&aacute; en la Colecci&oacute;n Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos </p><p><strong>PUBLICACI&Oacute;N .- </strong>Le&iacute;da y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hall&aacute;ndose celebrando audiencia p&uacute;blica, ante m&iacute;, el Secretario. Certifico.</p>

[[Category:Tribunales y Fallos]]